Las restricciones del Govern de Armengol han disparado un 72% el precio de la vivienda en siete años

La política de vivienda del Govern balear de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos que lidera Francina Armengol ha expulsado del mercado inmobiliario de compraventa de bienes inmuebles a la población local al provocar una espiral descomunal en los precios, un 72% más alto que en 2015, cuando accedió al poder en las Islas el actual tripartito.

Una subida inédita que ha colocado a Baleares como la comunidad con la vivienda más cara de toda España que, en estos momentos, según el portal inmobiliario Idealista, está en 3.368 euros metro cuadrado en marzo del presente ejercicio 2022 frente a los 1.961 de 2015, cuando las Islas pasaron a ser gobernadas por la actual presidenta del Ejecutivo balear.

Desde ese año el precio de la vivienda se ha desbocado por los efectos de una política de vivienda que ha tenido como eje central una supuesta protección territorial que ha sacado del mercado suelo disponible, ha disparado el precio del restante, y ha hecho de la propiedad de la vivienda, un bien inalcanzable para las familias de Baleares.

Detrás de este panorama se encuentran, por ejemplo, toda la batería de propuestas incluidas en aquel decreto ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio en las Islas Baleares, que entre otras medidas contemplaba la preservación de unas 51.700 hectáreas.

Con el añadido de que se fijaba una moratoria de autorizaciones y licencias de urbanización para los suelos urbanos o urbanizables, en los que no se haya actuado en las últimas décadas que afectaba a nada menos que a 600 hectáreas, y que aún se mantiene en vigor, hasta diciembre de este año.

La consecuencia de esta situación, la hacía pública el propio conseller socialista de Vivienda, Josep Marí, reconociendo que el incremento del precio de la vivienda en Baleares se debía a la «escasez de suelo y la alta demanda», apuntando además, que el Govern está trabajando «de alguna manera» en regular ese precio.

Si en verdad lo está haciendo, es para continuar la espiral inflacionista de la vivienda, dado que esas declaraciones de hace apenas mes y medio, las realizó el conseller, en plena tramitación de planeamientos urbanísticos como los de Palma y Consell de Mallorca, instituciones ambas gobernadas por los tres mismos partidos que lo hacen en el Ejecutivo balear, y que han consolidado e incrementado las restricciones en materia de suelo.

En el caso de Palma, desclasificando más de 200 hectáreas y el Consell elevando esa cifra a 700. Con este panorama no es extraño el vaticinio del presidente de los promotores de Baleares, Luís Martín: «La perspectiva es que continúe subiendo en los próximos años».

«Esto es muy sencillo: el suelo sigue siendo escaso, y si hay menos suelo, el que queda es más caro, y como la mayoría está en manos de gente que no necesita vender porque sabe que si no vende este año lo venderá mas caro el siguiente, pues aprovecha la situación para venderlo al máximo precio posible».

Pero a esta carestía del suelo hay que sumar que, en Baleares, por factores de una insularidad nunca bien compensada, las obras son de por si más caras, y más aún en estos momentos, con el alza disparada de los costes de la energía y de los materiales de obra.

Si en las Islas, los precios de construcción son los más altos de toda España doblando el de otras comunidades, 1.400 euros metro cuadrado en primera residencia y en torno a 1.700 en segunda para extranjeros, o cambia la política de vivienda del Govern, o vivir en Baleares, será un lujo sólo al alcance de los más ricos.